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Ley de Dependencia: más papel mojado.
(Enviado por: Anónimo)

Seguro que si preguntamos a cualquier ciudadano de a pie a quién cree que va dirigida la ayuda económica que se contempla en la recién estrenada ley de la dependencia, nos dirá sin titubear que a la persona dependiente o,...
en caso de que medie una declaración de incapacidad, al familiar que lo asiste.

Es lógico, ¿verdad? Pues como suele suceder en política, la lógica deja paso al oscurantismo y nos encontramos con que en esta bendita ley hay gato encerrado.

Ésta que les voy a relatar es la historia real de una familia que cuenta entre sus miembros con una persona dependiente a quién, después de una valoración de un tribunal médico, se le “otorgó” un grado de minusvalía del 86%.

Este familiar, de 69 años, sufrió hace ocho, un infarto cerebro-vascular que le ocasionó una hemiplejia y una afasia total. Su marido, pensionista de 72 años solicitó la ayuda para poder pagar a la interna que habían decidido contratar.

Esta mujer llegó a España hace dos semanas a través de un programa que España tiene acordado con algunos países; en concreto con La República Dominicana, para que mujeres de esos países puedan venir a España a trabajar en el servicio doméstico.

Este matrimonio tiene cuatro hijas adultas, que trabajan fuera de sus casas y están formando cada una, su familia.

Hasta aquí todo normal.

La semana pasada, una trabajadora social del centro de salud, visita a esta familia para valorar a la mujer dependiente y les plantea que no pueden recibir la ayuda de 500€ por las siguientes razones.

En primer lugar, la ayuda no se le concede a la persona dependiente, sino a la persona que cuida de ella.

Ningún problema, el marido solicita la ayuda a su nombre.

Pero ahí viene la trampa.

(Un juego de trileros)

La ayuda se concede a aquellas personas que cuidan a un familiar y no cotizan a la seguridad social. Como el marido es pensionista, no puede recibir la ayuda.

Sigue sin haber problemas.

Se decide que la chica que ha entrado, y que aún no está dada de alta -por cuestiones burocráticas- sea la beneficiaria de la ayuda (a fin de cuentas, el dinero iba a ir destinado a pagar parte de su sueldo).

Pero hay un segundo requisito para recibir la ayuda; y es estar empadronado en la localidad de residencia, al menos un año, si no se posee la nacionalidad española.

Después de todos estos “inconvenientes” una termina preguntándose dos cuestiones.

La primera es cuánto tiempo va a tardar en salir enmiendas a una ley mal enfocada y que parece sacada con prisas con vistas al próximo encuentro electoral.

La segunda y la que más me indigna es el verdadero objetivo con el que está diseñada la ley.

A priori parece que está destinada a ayudar a las personas dependientes y a sus familiares.

Pero no quiero pensar que el hecho de que las condiciones sean estar en desempleo (pues si ya cotizas no puedes beneficiarte) y ser español o residente al menos con un año de antigüedad, no encubren el propósito de bajar el número de parados.

Que desciendan las listas del paro como efecto colateral no me parece mal.

Lo que me parece una basura es que se utilicen a los dependientes y a sus familias para conseguir los objetivos electoralistas que de otra manera no han podido cumplir.

Yo, francamente, no entiendo una ley de dependencia que no tiene como primer y único objetivo proteger a la dependiente.