INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Personas prisioneras en sus viviendas.
1. Introducción.
INICIO.

El título de este Informe Especial, "Personas prisioneras en sus viviendas", pretende ser descriptivo de una situación que afecta a la vida diaria de un gran número de personas discapacitadas en Andalucía. Precisamente porque se trata de una situación de enclaustramiento, la entidad del problema no resulta conocida en su verdadera dimensión ni por la sociedad civil, ni por los poderes públicos que deben tutelar los derechos de estas personas. Nos encontramos con una realidad que, unida al envejecimiento de la población, se irá agravando, lo que exigirá la adopción de medidas destinadas a prevenir y atender los efectos de una demanda de atención y prestación social pública que cada vez se hará sentir con más fuerza. Como ocurre tantas y tantas veces, la presentación de algunas quejas en nuestra Institución pone al descubierto problemas sociales que están ahí, a veces territorial y personalmente muy cerca de nuestro entorno cotidiano, pero cuya verdadera entidad desconocemos. Así, en los últimos años, están llegando quejas del siguiente tenor:
Una ciudadana, a través de un correo electrónico, nos indicaba que era parapléjica y que asistía, con verdadera impotencia, a la poca voluntad que hay -por parte de quienes no padecen el problema- de eliminar las barreras arquitectónicas. En el caso de los espacios públicos, hay que esperar a que arreglen una calle para que le pongan badenes; cada vez que salía con el coche se encontraba con vehículos no habilitados en las plazas reservadas a las personas discapacitadas. Los establecimientos con licencia de apertura anterior a 1992 no eliminan las barreras, ni disponen de servicios adaptados; probadores con las puertas pequeñas, rampas imposibles de afrontar, etc. La interesada, a través de una lista interminable, sólo pretendía expresar su tristeza por este panorama y apelar a nuestra sensibilidad.
También otra mujer, que vivía con su madre, usuaria de silla de ruedas, nos decía que mantenía un conflicto con la comunidad de propietarios del inmueble que habitaba. Dicha comunidad se negaba a realizar obras de eliminación de barreras en el portal del inmueble, hasta el punto de que unas rampas de madera que ella había hecho y que sólo ocupaban parte de la escalera, se las retiraban; incluso un día las tuvo que recoger en un contenedor de basura.
Una mujer viuda, de 81 años, había solicitado a su comunidad de vecinos la ejecución de una rampa en las escaleras de acceso a su bloque de viviendas, pero la comunidad se negaba a ello alegando que "Industria" lo impedía por carecer de una inclinación adecuada. La interesada mostraba su perplejidad con estas respuestas, pues en otros bloques semejantes sí se habían construido rampas como la que ella solicitaba. Por último, señalaba que padecía artrosis en las dos piernas y que temía sufrir un accidente en dichas escaleras, razón por la que, prácticamente, se encontraba confinada en su domicilio.
Otra afectada, que residía en una vivienda sótano de una ciudad no andaluza, nos indicaba que, a causa del tratamiento de una enfermedad oncológica, quedo parapléjica en un 75%. El ascensor de su edificio no accede al bajo, por lo que solicitó a la Comunidad de Propietarios que se hicieran obras para que el ascensor llegara hasta su vivienda. Sin embargo, la Comunidad se había negado a ello, incluso asumiendo ella su coste. Esta situación le estaba ocasionando serios perjuicios a su salud, puesto que llevaba año y medio sin poder salir a la calle, a no ser con ambulancia. En este caso, era la propia interesada la que nos indicaba que la Ley de Propiedad Horizontal debería ser reformada para resolver definitivamente el problema de las barreras arquitectónicas en los edificios y propiciar la verdadera integración de las personas discapacitadas.

http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0011/TEXTO_PAGINADO/index_paginado.html?page=1

Estos son solo unos pocos ejemplos de los cientos de ciudadanos discapacitados que viven prisioneros en sus viviendas por la negativa de las comunidades a instalar rampas o ascensores, muchas comunidades en España niegan a los discapacitados vivir dignamente amparándose en la ley de propiedad horizontal que está a favor de los vecinos y en contra de los discapacitados, aun existiendo subvenciones por parte de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos, siguen negándose, en el caso de mi madre como ya os conté, el importe a pagar por cada vecino ascendía a 60 euros aproximadamente, por 60 miserables euros a mi madre le negaron un derecho fundamental que recoge la Constitución Española, ¡igualdad de derechos para todos los ciudadanos!

Nadie hace nada por cambiar esta injusticia.

¿Os imagináis por un momento lo que es vivir así?

¡No hay derecho!