Coacción para imponer el catalánUn pequeño empresario de Arenys de Mar está decidido a no cambiar el letrero de su empresa, escrito en español, y a recurrir a los tribunales europeos la multa que la Generalitat le ha impuesto de 1.200 euros por no rotularlo también en catalán. Se trata de una prueba más de la imposición coactiva de esta lengua por parte del Gobierno autonómico, dentro de un ámbito como el comercio, que, por su esencia, debe estar sujeto a la total libertad de elección. Es intolerable que se impida a un ciudadano decidir el idioma que desee para publicitar su negocio y que se vea obligado a reclamar amparo para hacer uso de este derecho fuera de su propio país. Por fortuna, ejemplos como el de este empresario demuestran que la sociedad civil catalana no está dispuesta a aceptar, sin más, tales necedades.
(El mundo.es)
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