Sobre la ley de Servicios Sociales de Aragón

En estos momentos nos encontramos ante la inminente tramitación en las Cortes de Aragón de la Ley de Servicios Sociales.

Llevamos años esperando su presentación y creíamos que después de tantos “procesos y contactos” mantenidos con los diferentes estamentos sociales, dicha Ley llegaría cargada de soluciones precisas y fiables. Pero no es así. Se trata de una Ley que nada tiene que ver con los Servicios Sociales. Utiliza el término “Servicios Sociales” para destinar una sustancial dotación económica cuya finalidad no es la atención directa a los ciudadanos, sino sólo el aumento de la administración.

Con éstas líneas queremos dar a conocer nuestra intención de solicitar la retirada de la Ley, basándonos en las carencias que presenta y que ponemos de manifiesto a continuación:

1º Siendo objetivo primordial de la Ley universalizar el acceso a las prestaciones y ampliar su número e intensidad, sin embargo no se definen las mismas (Catálogo de Servicios), remitiéndose su concreción a un “desarrollo normativo posterior” a aprobar vía Decreto, por lo tanto no sometido al control parlamentario.

2º Otro de los instrumentos estratégicos básico para alcanzar los supuestos objetivos de esta Ley es “la configuración de una nueva estructura territorial”, no se define, por lo que se carece del necesario Mapa de servicios para coordinar el territorio.

3º No se establece un Plan Estratégico, en el que se comprometan claramente los objetivos concretos a conseguir, dentro de un marco temporal preciso. Simplemente se dice que el G. de A. “elaborará con periodicidad cuatrienal un P.E.S.S. ….”
4º Se pone de manifiesto una deliberada ausencia de compromisos, ya que se dilatan en el tiempo: “ La Cartera de servicios, el plan estratégico, el mapa de servicios sociales , el régimen de prestaciones sociales de carácter económico, el régimen aplicable a las entidades privadas, y la calidad de los servicios”, los verdaderos contenidos de lo que debería haber sido la Ley de Servicios Sociales de Aragón.
Del estudio de la memoria económica que acompaña a la ley se desprende con nitidez que el único contenido de la misma va dirigido a agrandar el aparato administrativo.

Los casi 10,50 millones de euros de dotación se desglosan en:

1º La implantación de un nuevo sistema informático (4 millones);
2º En la construcción de centros de coordinación comarcal (1,6 millones);
3º En la contratación de personal -115 personas- (4,8 millones).

Sorprendentemente una Ley que se llama de Servicios Sociales no tiene ni un solo euro directamente asignado a la prestación de los servicios que han de recibir los ciudadanos.

En definitiva nos encontramos con una Ley llena de declaraciones de buena voluntad respecto de unos supuestos Servicios Sociales que no se sabe donde, en qué momento y con qué contenido se prestarán. Pero eso sí, con algunos años de antelación se habrán dotado y consumido cuantiosas partidas económicas y creados puestos empleo para atender “futuros servicios sin especificar”.

La tramitación de una Ley de estas características nos parece un auténtico disparate y una tomadura de pelo a los destinatarios directos de las prestaciones sociales y a sus familiares, que no reciben las ayudas y apoyos precisos necesarios para superar cada día la problemática específica de su situación.

Los ciudadanos de Aragón no se merecen un gobierno que pretendan hacer pasar por Ley de Servicios Sociales de Aragón, una ley que se limita a crear un buen número de puestos de empleo, unos centros comarcales y un nuevo sistema informático .

Los aragoneses no somos ciudadanos de segunda y queremos a que nuestros servicios sociales se pongan en igualdad con los de otras autonomías a las que miramos con envidia.

Por ello te trasmitimos nuestra intención de solicitar, por todos los medios disponibles a nuestro alcance, la retirada de esta “ley inconsistente” que nos quieren hacer pasar por Ley de Servicios Sociales de Aragón".